La iniciativa establece que la autoridad de aplicación deberá llevar un registro diario con el detalle de las llamadas recibidas y tendrá prohibido solicitar y registrar datos respecto a la identidad de quien denuncia, el lugar físico desde donde realiza la llamada y toda otra información que permita identificar a la persona que denuncia. A la vez, señala que deberá llevar adelante una campaña pública de información y difusión sobre la existencia de la línea telefónica.

Los fundamentos señalan que la propuesta es un importante avance en materia de los derechos de las personas para denunciar y colaborar con la lucha diaria contra la droga, al tiempo que mantiene el anonimato y la seguridad. Asimismo, indican que las nuevas tecnologías están siendo incorporadas con más frecuencia a la vida cotidiana y se utilizan eficazmente para la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de delitos.

El proyecto de ley Nº 11.239- ingresó por mesa de entradas el pasado 14 de noviembre con la firma de Romero y el acompañamiento de Carlos Sánchez, Juan Monteiro y Sergio Gallia.