Los fundamentos señalan que “ningún hogar debe verse obligado a consumir más del 10% de sus ingresos en servicios públicos básicos de electricidad, agua y gas; entrando en rango de “Extrema Pobreza Energética” cuando requiere del 20% o más”. También remarcan que de ninguna manera los aumentos pueden resultar exorbitantes en relación a los incrementos salariales de los trabajadores, porque ocasionará incumplimientos y endeudamientos, con las consecuencias sociales que eso implica.

En otro tramo, mencionan que alrededor de 20 cámaras industriales pymes advirtieron esta semana al Gobierno Nacional que si no se revierte la situación, se seguirán bajando más persianas en el sector. Agregan que muchas de las empresas recuperadas están recibiendo boletas de electricidad con aumentos del 600% en relación con diciembre de 2015 a nivel nacional. “Los tarifazos hacen imposible para las cooperativas afrontar el pago de sus facturas para evitar los cortes del servicio”, sostienen

El proyecto de comunicación Nº 11.618- ingresó por mesa de entradas el pasado 19 de abril.