Los puntos marcados por el Tribunal de Cuentas de la provincia corresponden al ejercicio del año 2013. Y apunta a un cargo de 260.000 pesos y lo demás, corresponde a la diferencia de intereses. Son pagos efectuados sin que se extendieran los correspondientes recibos oficiales o faltaran firmas en Ordenes de Pago.

Consultado por nuestro medio, el Secretario de Hacienda en aquella gestión y actual concejal, Daniel Julián, manifestó que "son cargos que no tiene casi injerencia en ningún tipo de administración municipal de la provincia. Nos piden recibo de pago del proveedor de hace seis o siete años atrás, y muchos de ellos no existen, o no tenían recibos de pago".

Julián aclaró que la acción que llevaron adelante fue "pedirle al proveedor que certifique que no tenemos deuda, a través de carta documento, llamados, cartas, etc. Y todo eso fue fundamentado en los diferentes descargos. Por otro lado, nos quedan algunas instancias más en el Tribunal de Cuentas. Es un recurso de revisión, que es presentar cualquier tipo de documentación que queramos ampliar. Y seguramente lo vamos a hacer en estos días".

"Entendemos que este cargo no tiene fundamentos para ser un cargo en el cual haya algún prejuicio a la administración pública. Solamente es falta de firma en algunas órdenes de pago. Vamos a apelar esto y veremos como sigue", agregó el Secretario.

Para cerrar manifestó que "llama poderosamente la atención que después de estar cajoneado durante 4 años, en el término de 15 días mueven un expediente para pasar a liquidación de pago. Tiene una intencionalidad hacia la gestión".