El asesinato de Orlando Jara a manos de dos de sus hijos, Fernando y Matías, conmocionó a toda la ciudad. Y a la vez llevó a los habitantes de Zapala a plantearse si el Estado tiene todas las herramientas necesarias para trabajar con las víctimas de violencia familiar.

La Ley Provincial 2785 tiene por objeto “la protección contra toda forma de violencia hacia las personas, ejercida por algún integrante de su grupo familiar, estableciéndose el marco de prevención, protección, asistencia y atención psicosocial junto a los procedimientos judiciales”. Esto último, según pudo averiguar RÍO NEGRO, está lejos de cumplirse.

El grupo de trabajo está integrado por apenas una trabajadora social, una psicóloga y una médica general, que cumple funciones “part time”.

“Tampoco podemos cubrir la demanda de atención sobre los “terceros”, que serían los hijos de las víctimas y de los victimarios”, afirmó una de las integrantes del grupo.

El equipo de Violencia Familiar, una de las cuatro coordinaciones que depende del Servicio de Salud Mental del Hospital Zapala, funciona en un edificio “adaptado” ubicado a pocos metros de la ampliación del nosocomio que se inaugurará en las próximas semanas.

“Esto era un frigorífico, hay consultorios sin ventilación y al patio no se puede entrar de lo altos que están los yuyos. No contamos con el espacio adecuado para la atención y tampoco fuimos tenidas en cuenta en la ampliación”, aseguraron las profesionales.

Además disponen de una hora por día para turnos protegidos. Estos se guardan para dar solución a la demanda espontánea y en más de una ocasión no alcanza.

La mayoría de las “terapias” son grupales, a veces porque el trabajo así lo indica y otras porque no dan abasto y el tiempo no alcanza para llevar adelante terapias individuales.

Muchas veces las profesionales del equipo trabajan más de la cuenta y atienden “de onda”, así lo explican; para hacer una atención personalizada.

La psicóloga del equipo planteó la importancia del trabajo de las instituciones para captar los casos de violencia familiar. “La guardia del hospital, los Centros de Salud y las Escuelas son fundamentales para identificar casos de este tipo. Una sola vez en más de 15 años un varón se presentó por decisión propia para que lo ayudemos”.

Otra deuda es la atención psicológica infantil: hay dos profesionales para toda la Zona Sanitaria II, un sector en el que viven cerca de 70 mil personas.

Entre julio y octubre de 2015, Orlando Jara y su esposa Hilda Acuña realizaron un tratamiento recomendado por el jefe del servicio de adicciones del hospital de Zapala.

El problema lo tenía él: según se le diagnosticó, no era un adicto al alcohol pero el consumo de bebidas, si bien ocasional, acentuaba sus rasgos agresivos.

De acuerdo con la información que reunieron los investigadores del asesinato de Jara, en octubre de 2015 Hilda se presentó en el hospital y dijo que los episodios de violencia habían cesado. Ni ella ni su pareja volvieron.

Pero en 2016 se registró un grave episodio ya publicado por Río Negro: Orlando Jara la amenazó con rociarla con combustible y prenderla fuego.

Eso dio lugar a una denuncia ante la oficina de Violencia Familiar que luego fue retirada.

Después de ese hecho el hombre abandonó la casa por un tiempo, algunos dicen que un año.

Los vecinos relataron a este diario que Jara era un hombre violento con su pareja y con sus hijos. Sin embargo, en la escuela las maestras no lo detectaron. Es una de las muchas contradicciones que todavía encierra este caso.

Fuente y foto: diario RN.