Durante la entrevista de rigor que se realiza en la comisión ‘A’ previo a ser elevado al pleno de la Cámara para su votación, la aspirante a fiscal del caso de Zapala ponderó el sistema acusatorio, la implementación de juicios por jurado y el rol del Ministerio Público Fiscal en la resolución de los conflictos pero señalo que “se puede mejorar”.

En este sentido opinó que a partir de la buena experiencia de los juicios por jurado “se pueden ampliar para abarcar otros delitos” y agregó que, para los casos de violencia de género también se puede mejorar en el tiempo y calidad de las respuestas por parte de la Justicia.

La abogada penalista que ejerció en el ámbito privado durante ocho años antes de ganar el concurso para fiscal del caso dijo que, desde su lugar en la III circunscripción judicial se enfocará en mejorar el acceso a la Justicia “para acortar el camino que los usuarios deben recorrer hasta resolver su conflicto”. En este ámbito también dijo que trabajará para que “el 90% de denuncias que hoy se hace en las comisarías, se vuelquen directamente en Fiscalía”.

Sobre el acceso a la Justicia en tiempos de pandemia, la aspirante consideró que la tecnología es una herramienta muy útil que contribuyó a la mejora de la comunicación dentro de la Justicia al mismo tiempo que mejoró el contacto con el usuario de Justicia y opinó que “se deberá mejorar la conectividad en los parajes del interior” para que estos beneficios lleguen a todos.

Al ser consultada sobre las particularidades de dicha circunscripción judicial, Díaz explicó que si bien no tuvo contacto con estadísticas de casos, pudo indagar que la conflictividad en Zapala es mayoritariamente de delitos contra la propiedad, aunque, remarcó “no se deben descuidar otros”.

Díaz también respondió sobre los conflictos sociales y los cortes de ruta detallando el protocolo de actuación que tiende “a la resolución pacífica del conflicto” y explicó que para ello es necesario trabajar fuertemente en la articulación con el Ejecutivo y distintos organismos para evitar que el conflicto se consolide y solucionarlo antes. “A veces esto significa tomar medidas preventivas para resguardar la paz social”, concluyó.

Sobre las capacitaciones obligatorias de los funcionarios judiciales, la abogada se manifestó de acuerdo aunque expresó que “más allá de las capacitaciones que ya tenemos muchas, tenemos que salir del marco teórico y enfocarnos en pensar soluciones concretas”. En este sentido apuntó como ejemplo las medidas cautelares “como la prisión preventiva que puede usarse como cautelar cuando se busca preservar la vida de la víctima”.

El despacho fue aprobado por unanimidad con los votos de las diputadas y diputados Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Sergio Fernández Novoa, Soledad Martínez, Ayelén Gutiérrez (en reemplazo de Darío Peralta), César Gass, Karina Montecinos, Carlos Coggiola, Andrés Peressini, Fernando Gallia y Francisco Rols.