Este tipo de violencia fue definida en la ley 26.485 como la que “ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.”

El convenio está basado en el modelo implementado con la Defensoría del Pueblo de la Nación y se repite en Zapala, San Martín de los Andes y Centenario.

El objetivo del acuerdo es crear un registro de estas situaciones para realizar un seguimiento y fue impulsado por la agrupación “Las Casildas”, que trabaja para erradicar la violencia obstétrica en el país.