El proyecto que ingresó por mesa de entrada el pasado 27 de junio con la firma de los diputados de Nuevo Neuquén, Sergio Gallia y Gabriel Romero ya está en marcha.

Según enuncia el Código Procesal, los jueces de ejecución penal deberán realizar el seguimiento de la ejecución de la pena y actuar como órgano de control judicial de la administración a cargo de los internos.

El proyecto hace referencia a al discrecionalidad administrativa que sostiene la doctrina y se basa en que el comportamiento del personal y las autoridades penitenciarias.

Al respecto, menciona que esa discrecionalidad administrativa fue motivo de quejas y denuncias por parte de los internos, sus familiares y amigos, y organismos de Derechos Humanos por afectar la dignidad de las personas y en ese sentido, alude a la situación de la Unidad 11, de la ciudad de Neuquén.

Fuente: web La Voz