La muerte de Carrasco impactó directamente en la sociedad argentina. La magnitud del caso escaló a tal punto que el expresidente Carlos Menem debió anunciar en cadena nacional la finalización del Servicio Militar Obligatorio.

Tras salir sorteado, Carrasco se incorporó el 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en Zapala, Neuquén. Tres días después de su incorporación fue reportado como desaparecido, y considerado desertor. Poco después sus padres lo fueron a visitar en su primer franco interno y se les comunicó la supuesta desaparición.

Los padres del soldado Francisco Carrasco y Sebastiana Barrera desconfiaron de la versión oficial y comenzaron la búsqueda de su hijo, quien fuera encontrado sin vida un mes después en el fondo del cuartel.

Acusados. En enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó por el crimen de Carrasco al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión; a los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez, a 10 años, y al sargento Carlos Sánchez a tres, por encubrimiento.

En el año 2000, Salazar y Suárez recuperaron su libertad por la aplicación de la ley del dos por uno, mientras que en febrero de 2004 quedó en libertad Canevaro, quien estudió derecho en la cárcel y una vez en libertad se integró a trabajar a un estudio jurídico en la Capital Federal.

"Salvo que tenga algo nuevo para decir o sucedan nuevos hechos o que se pueda llegar a demostrar, no tiene sentido seguir exponiendo. Para mí lo único que hace es revolver el pasado", concluyó el condenado Canevaro, quien a su vez es autor del libro "Atando clavos: Carrasco, el crimen perfecto", donde cuenta su versión de los hechos.

Más tarde, cuando esperaba el juicio oral del caso "Carrasco II" contra varios militares por el encubrimiento del crimen se dictó el cierre por la nueva ley de prescripciones.